LAS
NUEVE PRIORIDADES DE LA INFANCIA EN COLOMBIA
“Municipios
y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia” es
la estrategia- integral de origen estatal- que mejora
las condiciones de vida de la infancia y de la adolescencia
y, sirve de herramienta práctica y de apoyo
a los funcionarios públicos de todo el país.
En ella, se enfatiza sobre ocho temas prioritarios
que hacen parte de las cuatro áreas de derechos
de la niñez: vida y supervivencia, educación
y desarrollo, participación y, protección.
Después de ser
aprobada la iniciativa, se encargó al ICBF
de seguir y evaluar los indicadores relacionados
con cada una de las ocho áreas temáticas;
a la PGN, de la vigilancia preventiva a las políticas
públicas de infancia y adolescencia y a UNICEF,
como responsable de las funciones de apoyo técnico.
Adicional a las entidades
anteriormente mencionadas, están participando
y apoyando este proyecto: el Departamento de Planeación
Nacional, la Contraloría General de la Nación,
la Registraduría Nacional del Estado Civil
y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
Igualmente, se tiene
el respaldo de la Federación Colombiana de
Departamentos, la Federación Colombiana de
Municipios, el Ministerio de Protección Social,
el Instituto Nacional de Salud, el Servicio Nacional
de Salud, el Servicio Nacional de Aprendizaje, La
Asociación Colombiana de Pediatría,
el Fondo de Población de las Naciones Unidas,
la Oficina Internacional del Trabajo y la Organización
Internacional para las Migraciones.
Las prioridades escogidas
son: salud materna, salud infantil, nutrición,
salud sexual y reproductiva, agua potable, registro
civil, educación, protección especial
y participación. Estas temáticas fueron
definidas en la Asamblea de Gobernadores de Neiva
del 22 de
abril
de 2005,
teniendo en cuenta los resultados que reveló la
investigación y revisión de los planes
de desarrollo de todo el país.
La estrategia estable
tácticas preventivas y orientadas a la promoción
y garantía de los derechos de los niños,
las niñas y la adolescencia; además,
recomienda algunas pautas de protección especial
para aquella población menor de 18 años
que se encuentra en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, proyecta
sus acciones a partir de cuatro enfoques específicos:
derechos, poblacional, territorial y evaluación
por resultados.
El enfoque de derechos
se fundamenta en las disposiciones de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
20 de noviembre de 1989 y aprobada por la ley 12
de 1991. A partir de ello nace la “doctrina
de la Protección Integral que se sustenta
en la noción de los niños, como sujetos
de derechos y en principios de participación
y corresponsabilidad”
El poblacional, se
enfoca en el análisis de políticas,
planes y programas sociales, en este caso, los niños,
las niñas y los adolescentes. Con ello se
pretende ver la infancia desde una perspectiva integral
del ser humano: capacidades, desarrollo, intereses
y necesidades.
El territorial, se
fundamenta a partir del ideal constitucional sobre
un Estado Social de Derecho, en el cual interactúan
diversos actores sociales, formas de relación,
escenarios, entre otros. Por ello, es importante,
fortalecer a la población en varios aspectos
con el objetivo de lograr una democracia más
participativa.
La evaluación
por resultados busca analizar de que manera ha cambiado
la situación en términos de gestión,
es decir si ha mejorado o es necesario la elección
de nuevas tácticas. Precisamente, se requiere
incorporar la planeación local y el diseño
de los indicadores adecuados para hacer el seguimiento
y análisis correspondiente a los resultados
de la estrategia implementada.
En conclusión,
se espera que la estrategia sea llevada a la acción,
con el fin de elevar el nivel de vida de la niñez
y adolescencia en Colombia y con ello, formar un
modelo de país que tiene como prioridad
su gente.
Conozca
los indicadores principales
y complementarios para
cada una de las prioridades
Click
aquí
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PRIORIDAD No. 1
LA SALUD MATERNA,
además de ser un reflejo de las condiciones
médicas del acceso a los servicios
sociales básicos por parte de las
mujeres durante la gestación, el parto
y el posparto, indica también el grado
de desarrollo de un país y su capacidad
para garantizar los derechos humanos de su
población.
Las discapacidades
y las muertes que ocurren como consecuencia del embarazo
y del parto tienen consecuencias dramáticas
y duraderas no sólo sobre las mujeres, sino
sobre sus hijos y sobre el grupo familiar.
Más del 90%
de las muertes maternas son evitables con cuidados
básicos prenatales y atención adecuada
durante el parto. La prevención de la mortalidad
materna y la promoción de la salud de las
madres son requisitos indispensables para avanzar
hacia el pleno cumplimiento de los derechos de los
niños.
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PRIORIDAD
No. 2
EL DERECHO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A LA VIDA Y LA
SALUD
La Constitución
Política señala que la vida, la integridad
física y la salud, entre otros, son derechos
fundamentales de los niños y las niñas.
Gozar de buenas condiciones de salud es para los
niños y niñas un requisito esencial
para que puedan aprender, desarrollar sus capacidades
y adquirir las aptitudes necesarias para una vida
en sociedad. Las inversiones públicas orientadas
a garantizar la supervivencia y la buena salud de
los niños durante los primeros años
de vida tienen una alta rentabilidad social, ya que
conducen a un mayor rendimiento académico,
una mayor productividad en el futuro y, además,
contribuyen a la disminución de la pobreza
y la desigualdad.
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PRIORIDAD
No. 3
EL DERECHO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS A LA IDENTIDAD
El derecho de los niños
y las niñas a la identidad abarca los derechos
al nombre, a la nacionalidad y a la familia. El derecho
al nombre se formaliza a través del Registro
de Nacimiento. Este registro permite a los niños
acceder a las políticas y programas públicos
que promueven la supervivencia, el desarrollo y la
protección integral.
El registro civil de
nacimiento es de vital importancia porque, además
de formalizar su derecho al nombre, le permite a
los niños y niñas acceder a los servicios
sociales básicos que el Estado colombiano
está obligado a proporcionar.
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PRIORIDAD
No. 4
EL DERECHO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A LA BUENA NUTRICIÓN.
Este derecho está protegido
por la Convención de los derechos del Niño
y por la Constitución política de Colombia.
Sin embargo, el bajo peso al nacer y la desnutrición
afectan a un número importante de niños
y niñas colombianos. Los recién nacidos
con bajo peso tienen un riesgo significativamente
mayor de enfrentar, desde los primeros momentos de
su vida, serios problemas de salud y desarrollo.
Por su parte, la desnutrición aumenta la probabilidad
de enfermedad y de muerte de los niños y reduce
su capacidad de aprendizaje y bienestar.
La lactancia materna
es un componente fundamental de la nutrición
infantil que facilita el desarrollo cognitivo, protege
a los niños y las niñas de la enfermedad
diarreica, de las complicaciones de las infecciones
respiratorias agudas y otras enfermedades típicas
de la infancia.
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PRIORIDAD
No. 5
EL DERECHO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS AL DESARROLLO Y
A LA EDUCACIÓN
La Convención
sobre los derechos del niño y la Constitución
política de Colombia hacen referencia al derecho
de los niños y niñas a una educación
de calidad.
La Constitución
plantea que la educación debe ser asequible
para todos, con contenidos relevantes para el desarrollo
humano, la paz y la democracia, afianzada en el cumplimiento
de los estándares de calidad establecidos,
capaz de integrar a las familias y a los alumnos
en el gobierno escolar.
La educación
es un proceso que inicia desde la gestación,
por lo cual, esta etapa y los primeros tres años
de vida son decisivos para el futuro de los niños
y las niñas.
El acceso a una educación
de calidad desde los primeros años de vida,
permite a los niños y niñas desarrollar
su potencial, acceder a mejores condiciones de vida
y adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios
para desempeñarse en las esferas sociales,
políticas, culturales y económicas.
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PRIORIDAD
No. 6
EL DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
La adolescencia es
uno de los períodos más complejos y
fascinantes de la vida humana, durante el cual los
individuos atraviesan por grandes cambios físicos
y emocionales, cuestionan su identidad y empiezan
a entender y a vivir su sexualidad. La adolescencia
representa un momento privilegiado para incidir de
forma positiva sobre la vida de las personas. Durante
esta etapa, las decisiones que se toman y los hábitos
que se forman pueden tener repercusiones para toda
la vida.
Las condiciones de
pobreza, el bajo nivel educativo, las pocas posibilidades
de educación superior, el desempleo y la baja
autoestima, son algunas de las causas subyacentes
que conllevan al embarazo y a la incidencia de las
infecciones de transmisión sexual en los adolescentes.
El acceso a información y a servicios de salud
sexual y reproductiva protege a los adolescentes
de riesgos como el VIH y el embarazo temprano y los
prepara para asumir su sexualidad de forma responsable
y segura.
Las políticas
de salud sexual y reproductiva deben brindar a todas
las personas, desde la adolescencia temprana y hasta
la edad adulta, los conocimientos y las habilidades
necesarias para estar saludables y tomar decisiones
responsables sobre su sexualidad.
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PRIORIDAD
No. 7
EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO.
La Constitución
política señala que la vida, la integridad
física, la salud, la alimentación equilibrada
y el ambiente sano son, entre otros, derechos fundamentales
de los niños y las niñas. Así mismo,
la carta política establece que los servicios
públicos son inherentes a la finalidad social
del Estado y que es su deber asegurar la prestación
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
En tal sentido, corresponde al Estado organizar,
dirigir y reglamentar su prestación conforme
a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
Considerando que el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población son las finalidades sociales
del Estado, éste debe orientar sus acciones hacia la solución
de las necesidades insatisfechas de salud, educación,
saneamiento ambiental y agua potable. Por lo tanto, el gasto
público social, entendido como el gasto público
en educación, salud, nutrición, seguridad social,
vivienda, agua y saneamiento, debe tener prioridad sobre cualquier
otra asignación en los planes y presupuestos de la nación
y de las entidades territoriales.
Las enfermedades y
las infecciones ligadas al agua contaminada y a los
ambientes insalubres son la causa de un porcentaje
significativo de las muertes y de la desnutrición
de la población infantil en Colombia. La diarrea,
el cólera y otras enfermedades relacionadas
con la contaminación del agua causan enfermedades
serias y, en muchos casos, la muerte de los niños.
Garantizar que los
servicios de agua potable y saneamiento básico
se presten eficientemente, especialmente a las poblaciones
menos favorecidas, es una obligación inherente
con las finalidades del Estado colombiano, que va
de la mano con una mejora sustancial de la calidad
de vida de las personas.
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PRIORIDAD
No. 8
EL DERECHO A LA PROTECCION INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES.
De acuerdo con la Convención
de los derechos del Niño y según la
Constitución política de Colombia,
todos los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a gozar de las mismas oportunidades
de vida sana y desarrollo pleno.
Sin embargo, cuando
las políticas universales y preventivas fallan,
los niños se pueden ver en condiciones de
vulnerabilidad o enfrentar la violación de
sus derechos.
En el país hay
un número considerable de niños, niñas
y adolescentes que se encuentran en esta situación:
los niños maltratados, los que viven en la
calle, los desplazados internos y refugiados, las
víctimas de la trata y de la explotación
sexual y económica, las víctimas del
abuso y la violencia, las víctimas del conflicto
armado y los infractores de la ley penal, entre otros.
Para estos casos es
necesario aplicar medidas de protección especial,
de tipo judicial, educativo o asistencial, orientadas
a prestar apoyo y protección especial a los
niños, niñas y adolescentes afectados
y restituir los derechos vulnerados.
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PRIORIDAD
No. 9
EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES
Y JÓVENES.
